La Paz y sus Conflictos

El acuerdo de la Habana es prácticamente incumplible a la luz de la capacidad fiscal y de la voluntad política de Colombia.

Contamos con el mayor endeudamiento público de nuestra historia; con un déficit fiscal superior al 3,1% del PIB, con una disminución en las rentas públicas a pesar de 2 asfixiantes reformas tributarias, con unas vigencias futuras comprometidas allende al año 2025 y con una sociedad profundamente dividida.

Si no hemos podido cumplir con la Carta de 1991 que ha sido tan querida y protegida por el pueblo colombiano, menos vamos a poder cumplir con 310 folios de utopía literaria que complementan los 380 artículos de nuestra constitución, sin tener en cuenta los 62 transitorios y las más de 2.500 leyes y los más de 30 mil decretos y reglamentos que componen nuestro ordenamiento jurídico.

Por eso nos atrevemos a afirmar que el impacto de la implementación de los acuerdos de la Habana ha sido preponderantemente negativo. Se ha cumplido con el punto No. 3 y vamos cumpliendo parte del 5 (Justicia Transicional) y parte del 2 (Participación Política), pero el costo político de ello ha sido devastador.

Si por constitución política se entiende aquel acto fundacional que crea un Estado en torno a la UNIDAD COMUNITARIA, tendremos que concluir que el Estado colombiano quedó herido de muerte.

Colombia y su constitución política, en la práctica, han desaparecido. Consideramos entonces, que una nueva Constitución es un imperativo inesquivable. Con total franqueza creo que debe darse mediante un proceso incluyente, pluralista y conmovedor a través de una asamblea nacional constituyente.

Algunas de las ideas que podrían permitir que el Acuerdo de la Habana empiece su tránsito de una política de Gobierno a una auténtica política de Estado: reconocer los resultados del 2 de octubre de 2018, asegurar responsabilidad física a todo desmovilizado, lograr que el acuerdo sea inmodificable, no ceder en indultos y amnistías, realizar ajustes institucionales a los epicentros del acuerdo.